Responsable de nóminas defrauda a su empresa subiéndose el sueldo
Una funcionaria del servicio de Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha (Sescam) encargada de gestionar las nóminas del personal, ha aprovechado su cargo para subirse el sueldo «disimuladamente». Su nómina, que debiera haber sido de 1.114 euros al mes, ascendía a 24.599 euros.
La funcionaria ha sido condenada por un delito continuado de malversación de caudales públicos a cuatro años y medio de prisión, más seis de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y a indemnizar al Sescam con 296.220 euros, según datos publicados en el diario Expansión.
Al margen de cómo se ha desarrollado el procedimiento legal y de que el Tribunal Supremo haya aceptado como atenuante de responsabilidad jurídica la ludopatía que sufría esta señora, nos interesa poner en evidencia, una vez más, el altísimo riesgo de fraude que tienen todas las entidades, públicas o privadas con independencia de su tamaño.
Un adecuado sistema de prevención contra el fraude siempre es preferible a tratar de recuperar pérdidas o verse involucrado en eternos y costosos procedimientos judiciales. De haber contado con un método de prevención adecuado, posiblemente se hubiese evitado la comisión del delito.
La incorporación de canales de denuncia interna o «whistleblowing» ayudan a disuadir la comisión de fraudes y permite detectar a tiempo esta clase de conductas. Insistimos en la necesidad de establecer mecanismos de prevención y en la elaboración de una eficaz estrategia anti-fraude.