Responsabilidad penal de las personas jurídicas
EL DELITO DE CORRUPCIÓN SEGÚN LA FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT (FCPA) y LA BRIBERY ACT 2010.
Los distintos organismos internacionales y gobiernos de la gran mayoría de los países conscientes de la intensa corrupción y fraude existente en el campo internacional, se han puesto “el mono de trabajo” con el fin de evitar, este tipo de delitos a lo largo y a lo ancho del planeta.
Un ejemplo muy significativo lo tenemos en el Reino Unido, que recientemente ha promulgado la Bribery Act 2010, y cuya entrada en vigor se produjo el pasado día uno de julio del 2011. La ley mencionada ha sido descrita como la norma, en lo que se refiere a anticorrupción y soborno, más estricta de las hasta ahora existentes.
Hasta la fecha, la ley norteamericana, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), estaba internacionalmente considerada como la ley a observar y aplicar en relación a la corrupción y a los programas de compliance, si bien, la Bribery Act, ha desbancado a la FCPA, existente desde el año 1977.
La Bribery Act establece que, cualquier empresa que lleve a cabo negocios o tenga intereses económicos en el Reino Unido, deberá tener conocimiento de las actuaciones contrarias a la misma y sus correspondientes sanciones. También deberá de aplicar los nuevos procedimientos en relación a los programas de compliance.
Según diversos informes británicos, las empresas y directivos del Reino Unido, están muy satisfechos de que la Bribery Act haya entrado en escena, ya que las sociedades que cumplan con la norma, ganarán en reputación, y evitarán el temido y no deseado, riesgo reputacional, y ello porque entienden a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, que la aplicación de manera efectiva de un programa de compliance, evitará la comisión de numerosos delitos y fraudes en el seno de la empresa. Es posible que numerosos empresarios piensen que, el soborno sobre todo en los países emergentes “es el pan nuestro de cada día” y que si su empresa no actúa ilícitamente, vendrán otras extranjeras que, violando la ley, conseguirán su propósito y que por tanto se “llevarán el gato al agua”. Pues bien, allá ellos, los grandes responsables corporativos deberán de valorar tres posibles consecuencias: 1) La prisión 2) La reputación tan difícil de alcanzar y tan fácil de perder y 3) Las sanciones (multas pecuniarias).
Un dato significativo, la FCPA, sanciona a las personas físicas que violen la ley con una pena de prisión superior a cinco años y una multa por encima de 250.000 dólares y respecto a las empresas, una pena de multa por encima de 2 millones de dólares y una pena de prisión superior a cinco años. La Bribery Act, a diferencia de la FCPA, establece una pena de prisión similar para empresas y personas físicas -10 años de prisión- y una multa económica ilimitada. Por tanto, con estas penas y la consiguiente pérdida de reputación ¿no sería más coherente cumplir con la ley y dejar que “otras, otros”, cometan el error?.